Sentencia A. 2835/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2835/23

 

CONFLICTO APARENTE DE COMPETENCIA EN TUTELA-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2835 DE 2023

 

Referencia: expediente ICC-4539

 

Conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Cocimiento de Villavicencio y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio.

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.e del Reglamento Interno, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.    El 13 de octubre de 2023, la señora Maribel Morales Guevara promovió acción de tutela contra la Alcaldía de Villavicencio y el Distrito de Policía de dicha ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la tranquilidad, al medio ambiente sano y a la intimidad personal y familiar. Esto porque las autoridades no han adoptado medidas para restablecer el orden público y la traquilidad de los habitantes del sector Alamos Sur de Villavicencio[1].

 

2.    Mediante auto del 17 de octubre de 2023, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Cocimiento de Villavicencio declaró su falta de competencia para conocer el amparo y ordenó el reparto de la acción de tutela a los juzgados del circuito de Villavicencio[2]. El despacho aseguró que los competentes eran los jueces del circuito porque la acción de tutela se dirige en contra del Distrito de Policía de Villavicencio, organismo del orden nacional. Lo anterior conforme al Decreto 333 de 2021.

 

3.   Por medio de auto del 19 de octubre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio propuso el conflicto negativo de competencia[3]. El juzgado argumentó que no le era dable al juez constitucional declarar su falta de competencia bajo los criterios de reparto, lo que va en contra de la jurisprudencia constitucional[4]. En consecuencia, le remitió el expediente a esta corporación para su estudio.

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

4.   La Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Asimismo, que la competencia de este tribunal para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6]. En consecuencia, esta solo se activa cuando las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o cuando, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela[7].

 

5.   En el presente asunto como las autoridades judiciales en disputa integran distintas jurisdicciones, carecen de una autoridad designada por la Ley Estatutaria 270 de 1996 que resuelva el presunto conflicto de competencia[8]. Por consiguiente, le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional decidir de manera definitiva sobre el particular para garantizar con ello los principios de eficacia y celeridad del trámite de tutela.

 

6.   Esta corporación reitera que, de conformidad tanto con los artículos 86 de la Constitución como los artículos 32 y 37 del Decreto estatutario 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela. Por una parte, el factor territorial, en virtud del cual son competentes: a prevención los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o (b) donde se produzcan sus efectos^[9]. En segundo lugar, el factor subjetivo que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento les fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz. Finalmente, el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela e implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente en los términos establecidos en la jurisprudencia^[10].

 

7.   Ahora bien, esta Corte ha establecido que las disposiciones contenidas en el Decreto 333 de 2021[11] no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Además, esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe ningún fundamento para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del cual dependa la resolución del asunto en sede de instancia[12]. De otra parte, cabe resaltar que dicha normatividad dispone incluso que las reglas de reparto: “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”[13].

 

8.   En esa medida, la jurisprudencia constitucional ha determinado que, cuando dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente le será remitido a aquella a quien se le repartió en primer lugar. Lo anterior con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente y sin que medien consideraciones adicionales[14].

 

III. CASO CONCRETO

 

9. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia. El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio se basó en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 para remitir el asunto a los jueces del circuito de dicha ciudad. En consecuencia, aplicó una norma que no desplazaba su competencia y, con ello, afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección oportuna de los derechos fundamentales de la accionante. Lo anterior es contrario a la jurisprudencia reiterada de este tribunal, el cual ha sentado que las disposiciones previstas en dicho decreto constituyen simples pautas de reparto que no pueden ser invocadas por ningún juez para abstenerse de asumir la competencia ya que el mismo decreto prohíbe plantear conflictos negativos de competencia.

 

10. El mencionado juzgado se encontraba en la obligación de resolver la acción de tutela instaurada por la señora Maribel Morales Guevara contra la Alcaldía de Villavicencio y el Distrito de Policía de Villavicencio. Esto por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el conocimiento del asunto.

 

11. Con fundamento en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el auto del 17 de octubre de 2023 proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio. Además, se ordenará la remisión del expediente ICC-4539 a dicho despacho para que, de forma inmediata, continúe con el trámite respectivo y profiera la decisión de fondo, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución y del Decreto estatutario 2591 de 1991.

 

12. Asimismo, la Sala le advertirá al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Villavicencio que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia a partir de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 17 de octubre de 2023 proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer la acción de tutela formulada por la señora Maribel Morales Guevara contra la Alcaldía de Villavicencio y el Distrito de Policía de Villavicencio.

 

SEGUNDO: REMITIR el expediente ICC-4539 al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio, para que, de forma inmediata, resuelva la acción de tutela instaurada por la señora Maribel Morales Guevara.

 

TERCERO: ADVERTIRLE al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con fundamento en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021.

 

CUARTO: COMUNICARLES por Secretaría General la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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